En favor de «Las madres protectoras»

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El martes 13 de septiembre la Diputada Nacional Mónica Macha, junto a 14 legisladoras y legisladores del Frente de Todxs, presentaron un Proyecto de Ley para derogar la Ley N° 24.270 de impedimento de contacto, que impone penas al «padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes”.

Esta iniciativa ya fue presentada en otras oportunidades por lxs Diputadxs Diana Conti en 2015 y 2017 los años 2015 y 2017; Sergio Pansa en el 2013 y Marcela Rodríguez en el 2009. Además en 2020 la Defensoría General de la Nación se pronunció a favor de su anulación.

Mónica Macha sostuvo que el proyecto “tiene como objetivo cuidar a las madres protectoras» porque muchas van «presas por cuidar a sus hijxs de los abusadores. Así de clara y así de grave es la situación»

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio porque existe un Poder Judicial patriarcal que perpetua y reproduce las violencias, dejando en evidencia las deficiencias estructurales de un sistema de justicia que revictimiza, estigmatiza y duda de la víctima.

Como ejemplo de ello podemos mencionar el pedido de detención de Delfina Zarranz, mamá de Arcoiris, el cual quedó sin efecto días después producto de la organización, visibilización y lucha de las colectivas feministas.

Arcoiris es una niña de 6 años que vivía en La Rioja y cuando tenía 2 años contó los abusos sexuales que venía sufriendo por parte de su abuelo paterno. En estos cuatro años los abusos no cesaron y su madre viene reclamando al Poder Judicial de La Rioja acciones de protección efectiva. Como respuesta se encontró con la propuesta de revinculación con su progenitor, que por otra parte, y de acuerdo a lo que denuncia la niña, cada vez que se encuentran la vincula con el abusador.

A raíz de las reiteradas situaciones en las que se repetían estás problemáticas, surgió la colectiva  “Madres Protectoras”. Este espacio nuclea a mamás de hijes que sufrieron violencias y que atraviesan procesos judiciales en los que, las víctimas sufren estigmatizaciones producto de un sistema que carece de perspectiva de género y una mirada más integral desde los derechos de niños y niñas.


 

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