La violencia policial: una deuda de la democracia

Desde el 20 de marzo de 2020 y conforme lo dispuesto por el Decreto 297/2020 estamos en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde entonces, se le vienen denunciando graves hechos a las fuerzas de seguridad.

Florencia Magalí Morales apareció sin vida en una celda de la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, en San Luis. Había salido a buscar comida en bicicleta cuando fue detenida por personal policial, y como ejerció resistencia, la encarcelaron la mañana del domingo 5 de abril.

En la misma provincia el 24 de abril un patrullero se llevó a Franco Maranguello, de 16 años, de la puerta de la casa por estar en un horario no permitido en cuarentena. A las dos horas, cuando su mamá lo fue a buscar a la Comisaría del Menor, le dijeron que se había ahorcado.

Desde el 30 de abril se busca desesperadamente a Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que rompió la cuarentena y se dirigió a hacer dedo en la ruta 3 para recorrer los 120 kilómetros que separan la ciudad bonaerense de Pedro Luro, partido de Villarino, con la de Bahía Blanca. Testigos aseguraron haberlo visto en la localidad de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de su salida, donde la policía le abrió un acta por violación de las medidas de aislamiento social. Hace unos días se virilizó una foto en que se ve al joven, esposado y junto a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En Tucumán el 15 de mayo Luis Espinoza, trabajador rural de 31 años fue atacado junto a su hermano por policías de la comisaría de Monteagudo, estuvo una semana desaparecido y su cuerpo sin vida fue encontrado el 22 del mismo mes.

El 31 de mayo se viralizaron, desde Chaco, imágenes de un violento operativo ilegal, donde muestran a policías ingresando a las patadas a la vivienda de la familia de la comunidad Qom Fernández-Saravia, y como consecuencia secuestraron a cuatro jóvenes, entre ellos una menor de edad, de la que, como si fuera poco, abusaron. En la comisaria, a los jóvenes les dieron una paliza, los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego al tiempo que les decían «indios infectados».

Facundo Scalzo de 20 años fue asesinado el 17 de junio en el Barrio Rivadavia del Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires. Fusilado por la espalda, dos balazos disparados a la altura del pecho por el alférez Diego Rocha lo hirieron de muerte. La ambulancia tardó casi una hora en llegar y Facundo no sobrevivió.

Raúl Dávila, un joven de 22 años, murió quemado en la ciudad de Chascomús, tras un incendio producido en el calabozo de la comisaría donde estaba detenido hace dos semanas. Había sido detenido el 27 de junio por «resistencia a la autoridad», un delito leve cuya sanción no puede superar las 48 horas de prisión.

Lucas Nahuel Verón, cumplía el viernes 10 de julio 18 años. Cuando volvía en moto con un amigo a su casa, en La Matanza, luego de comprar gaseosas en un kiosko; un patrullero de la Policía Bonaerense los persiguió y les disparó. Lucas murió de un balazo en el pecho. Los policías, que se dieron a la fuga, fueron desafectados de la Policía.

Otras provincias como Chubut, Mendoza y Jujuy también fueron protagonistas de diferentes expresiones de abuso de autoridad y violencia de las policías locales hacia personas que estaban circulando en la calle sin permisos en plena cuarentena.

Luego de esta breve síntesis, ¿se puede hablar de  irregularidades y excesos en la actuación policial para el abordaje y el alcance de los casos contemplados en el marco del DNU 297/2020?

¿O es que los hechos que vienen sucediendo desde los inicios de la cuarentena revelan prácticas estructurales y sistemáticas por parte de la policía, hacia un sector específico de la población?

¿Es posible justificar los hechos afirmando que aun hoy, luego de varios gobiernos democráticos no fue posible todavía desmantelar el legado de las dictaduras en las instituciones democrática?

Comparto las reflexiones de Victor Abramovich, quien en una ponencia en el año 2009 sostiene que seguimos teniendo patrones persistentes de violencia policial y claro está, “no basta con plantear esto como un legado de la dictadura. Creo que tenemos un problema de derechos humanos que es parte del déficit de la democracia”.

Año 2020 y la democracia sigue con el peso de una deuda pendiente. Una deuda que tuvo algunos intentos de saldarla, pero que durante con los 4 años del Macrismo, el endeudamiento se profundizó con la Doctrina Chocobar, al mismo tiempo que desmantelaban aquellas áreas destinadas a combatir la violencia  institucional.

Alberto Fernández dijo que las fuerzas tienen que ser representativas de la democracia. Y luego, el mismo día, haciendo referencia a las imágenes de violencia institucional en la provincia del Chaco sostuvo en su Twitter que “debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Para ello es necesario pensar en políticas de estado que de una vez por todas destierren practicas violatorias de los derechos humanos. Se torna necesario entonces, y tal como lo sostuvo Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de La Nación, no solo democratizar las fuerzas, sino que también, resulta indispensable, “mostrar que va a haber sanciones duras para aquellos que ejercen la violencia institucional».